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Más ¿buenas? intenciones

El Gobierno de España contra el empleo

El frágil mercado laboral español tiembla ante el nuevo anuncio de subida del salario mínimo interprofesional (SMI) por parte del Gobierno...

A principios de semana el Gobierno anunciaba una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI). El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguraba que esta medida es necesaria para garantizar una recuperación “justa y para todos” y anunciaba futuras subidas en los próximos años para conseguir situar el SMI en el 60% del salario medio en España. Si bien es probable que esta medida vaya cargada de buenas intenciones -además de mucha propaganda-, es necesario comentar los efectos negativos que puede tener para la economía española, a fin de que la juzguemos por sus consecuencias reales y no por sus objetivos.

El salario mínimo establece el mínimo legal a partir del cual se puede trabajar. En el caso de España éste se sitúa actualmente en los 950€ (En 14 pagas). Por tanto, cualquier persona que quiera trabajar (En una jornada completa de 8 horas diarias, 5 días a la semana), no podrá hacerlo por una cifra menor a esa. Entonces, ¿Qué ocurre con aquellos trabajadores cuya productividad no supere dicho umbral? Si un trabajador genera menos de 950€ al mes para la empresa, este queda automáticamente excluido del mercado laboral, pues cualquier empresa estaría obligada a pagarle al menos 950€. ¿Qué empresa quiere mantener a un trabajador que genera menos dinero de lo que le cuesta? Siguiendo esta lógica, aquellos trabajadores que generen un valor mensual para la empresa menor que el salario mínimo legal tendrán que ser, necesariamente, despedidos. Los informes del Banco de España avalan esta tesis: el organismo estima que la subida del salario mínimo del año 2019 provocó una pérdida neta de entre 98 mil y 180 mil empleos.

El principal efecto del salario mínimo es, por tanto, la destrucción de aquellos empleos peor pagados, justamente, aquellos en los que se encuentran las personas más desfavorecidas, las que menos competencias y habilidades tienen, y los más jóvenes. ¿Qué clase de justicia -social, se entiende- promueve así el gobierno? En el mejor de los casos, estos trabajadores se verán obligados a mantener su relación laboral en negro, con tal de poder trabajar y mantener sus hogares. Si bien es cierto que en España los salarios no son muy elevados, particularmente en relación con el coste de vida en las regiones más caras, esta medida no ayuda, sino perjudica a aquellos que se encuentran en una situación más difícil.

Además, dado el momento en el que se encuentra la economía española, con un 14’3%, la prioridad debe ser la creación de empleo. Con la incorporación de los trabajadores desempleados a nuevos puestos de trabajo, conforme estos se vayan haciendo cada vez más escasos, las fuerzas del mercado empujarán los salarios al alza, tal como está ocurriendo en los Estados Unidos.

Y es que, el principal problema de los bajos salarios en España es el poco poder de negociación del que disponen los trabajadores. No me malinterpreten, no me refiero a la falta de regulaciones paternalistas y sobreprotectoras que los defiendan de los empresarios, sino a la incapacidad de negociar mejores condiciones y más altos salarios por culpa de la abundancia de trabajadores de desempleados. Me refiero a la existencia de eso que Marx llamaría un ejército industrial de reserva, esto es, una gran cantidad de trabajadores necesitados de trabajar y que, ante la alternativa de no hacerlo y ganar 0€, están siempre dispuestos a rebajar sus expectativas salariales, con tal de obtener ellos y no otro un puesto de trabajo. Así, el empresario puede siempre presionar los salarios al alza. Por ello, la mejor manera de hacer que suban los salarios es la creación de empleo, pues hace que los trabajadores disponibles sean escasos y que las empresas tengan que competir con ellos y ofrecerles mejores condiciones. De esta manera, la subida del salario mínimo creará desempleo y, con este, mermará la capacidad negociadora de los trabajadores.

Por último, conviene destacar el mal diseño de esta medida en España. Dadas las grandes diferencias económicas entre las distintas regiones de España, la implantación de un mismo salario mínimo a nivel nacional es una completa barbaridad. Aquellas regiones donde la productividad es menor encontrarán muchas más dificultades para mantener sus niveles de empleo que aquellas donde los trabajadores son más productivos. Además, un sueldo que no otorga un nivel de vida elevado en Madrid o Barcelona sí puede brindarlo en, pongamos, Soria Almería o Zamora. Por estas discrepancias en los niveles de productividad y de coste de vida entre regiones, sería mucho más acertado establecer un nivel diferente del SMI en cada provincia. Esta subida, por tanto, tendrá un mayor impacto negativo sobre las regiones más pobres del país, contribuyendo a la despoblación de lo que ya se conoce como la ‘España vaciada’.

Intentar dotar mejores condiciones de vida a los trabajadores más pobres es una intención muy loable, pero no podemos quedarnos sólo en las intenciones, debemos promover políticas que, de acuerdo con la teoría económica y la evidencia empírica, nos ayuden a alcanzar nuestros objetivos. En vez de subir el salario mínimo, deberíamos bajarlo. En vez de dificultar y encarecer la contratación, deberíamos abaratarla y facilitarla. La creación de empresas y la inversión en capital productivo son también de primera importancia para crear empleo y aumentar la productividad. Conforme vayamos incorporando a más gente al mercado laboral, reduciendo el número de desempleados y haciendo a los trabajadores más productivos, los salarios subirán solos.

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