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En un giro esperado pero igualmente exasperante para muchos, Carles Puigdemont, el individuo que desafió al Estado de Derecho español promoviendo un referéndum independentista ilegal en Cataluña en 2017, se posiciona ahora como posible candidato a las elecciones autonómicas. Esta vez, lo ha hecho desde la localidad francesa de Elna, evocando cínicamente el simbolismo separatista, ya que fue el escondite de las urnas y la imprenta de papeletas del referéndum ilegal del 1 de octubre.
Puigdemont, actualmente prófugo de la justicia española, ha anunciado su posible candidatura a través de su partido, JxCat, desatando una oleada de críticas y preocupación entre quienes aún valoran la legalidad y el orden constitucional. Su regreso como candidato a las elecciones autonómicas es, en sí mismo, un acto desafiante contra la autoridad y una burla a la justicia española.
Lo más sorprendente de todo es la expectativa de Puigdemont de volver a Cataluña para participar en el debate de investidura a finales de junio, confiando en la aprobación de una ley de amnistía que borraría las consecuencias de sus acciones ilegales. Sin embargo, esta ley no sólo socavaría los cimientos de la justicia, sino que enviaría un peligroso mensaje de impunidad y desprecio por el Estado de derecho.
Cabe recordar que Puigdemont nunca fue investido presidente de la Generalitat tras las elecciones de 2017 debido a las restricciones legales impuestas por el Tribunal Constitucional. Ahora, su regreso como candidato plantea la incómoda cuestión de si se permitirá a un prófugo de la justicia ocupar un cargo político de alto nivel.
El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha afirmado que su cliente está dispuesto a afrontar las consecuencias de regresar a Cataluña, aunque ello suponga ser detenido. Esta postura desafiante sólo refuerza la percepción de que Puigdemont se considera por encima de la ley y está dispuesto a aprovechar cualquier oportunidad para avanzar en su agenda separatista, sin importarle el coste para la estabilidad y el orden legal.
En este contexto, cabe destacar también la colaboración entre Pedro Sánchez y Junts per Catalunya para facilitar su investidura como presidente del Gobierno, lo que revela la desesperación del presidente español por mantenerse en el poder a cualquier precio. Desde las negociaciones iniciales con los grupos separatistas y radicales, la relación entre el Gobierno y Junts ha sido una flagrante muestra de falta de respeto hacia las instituciones, así como hacia el Estado de Derecho.
El intento de dividir el terrorismo en categorías convenientes para excluir a los líderes del proceso independentista de cualquier responsabilidad legal es un desafío directo a la justicia y, en consecuencia, a los jueces que participaron en el veredicto del 1 de octubre. Este oportunismo demuestra una vez más que tanto Sánchez como los líderes de Junts están dispuestos a sacrificar los principios más básicos por sus ambiciones políticas.
Además, la manipulación de las instituciones y el uso de artimañas legales para obtener impunidad demuestran una asombrosa falta de respeto por la democracia y la voluntad del pueblo español. Permitir que Puigdemont vuelva como candidato y potencial presidente legitimaría una afrenta a la legalidad y a la integridad institucional, poniendo en peligro la estabilidad de Cataluña y de toda España.
Además, la posibilidad de que Puigdemont sea candidato y finalmente elegido Presidente de la Generalitat suscita serias dudas sobre el futuro de Cataluña.
Es hora de que los ciudadanos catalanes y los líderes políticos de toda España hagan frente a esta amenaza para la democracia y el Estado de Derecho que representa Puigdemont. Permitir que vuelva como candidato y potencial presidente sería un grave error que socava los principios fundamentales de nuestra sociedad. Es hora de decir no a la vuelta del prófugo, no a la impunidad y sí a la defensa de la legalidad y la democracia en España.