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En una declaración muy esperada y para alivio de los ganaderos europeos, Ursula von der Leyen reconoció que la presencia del lobo gris en los países europeos «…se ha convertido en un peligro real para el ganado y potencialmente también para los seres humanos…». Y lo que es más importante, la Presidenta de la Comisión Europea también anunció su intención de revisar el estatuto de protección del lobo, así como de flexibilizar el marco jurídico teniendo en cuenta la situación. Con una población disparada, el lobo gris pone en peligro el sustento de los ganaderos de toda Europa. Desde Suecia hasta Alemania y, más recientemente, España, el crecimiento descontrolado de la población de lobos, unido a las estrictas protecciones sobre la especie, ha dejado a los ganaderos indefensos ante los ataques del cánido contra su ganado. Peor aún, como advierten los observadores, se han producido múltiples avistamientos de estos animales cerca de poblaciones rurales, poniendo en peligro a quienes viven en ellas.
En virtud de la Directiva sobre hábitats de 1992, los ganaderos tienen prohibido capturar y matar deliberadamente lobos en libertad. El estricto estatus de protección de los lobos estaba justificado en aquella época: La población europea de lobos estaba disminuyendo, y las únicas poblaciones estables se encontraban en España y Grecia, que en aquel momento tenían un régimen de protección flexible. Desde entonces, las poblaciones de lobos han crecido exponencialmente, consiguiendo establecer una población estable de lobos en la mayoría de los Estados miembros. ¿Cuál es el problema? El crecimiento de la población ha ido seguido de un número cada vez mayor de ataques a explotaciones ganaderas, lo que ha causado grandes pérdidas a los agricultores de toda Europa, que se ven atados de manos por la legislación. Principalmente, la norma de conservación prohíbe los sacrificios necesarios y otras políticas de gestión de poblaciones. En noviembre de 2022, una resolución del Parlamento Europeo pidió a la Comisión que apoyara al sector agrario garantizando una mayor flexibilidad a los ganaderos a la hora de proteger su ganado de los ataques del lobo. Ahora, la Comisión ha anunciado su intención de reexaminar la legislación.
En concreto, la Comisión ha pedido a las comunidades locales, los científicos y las partes interesadas que aporten datos actualizados sobre el tamaño y la localización de las poblaciones de lobos. A partir de los datos actualizados, la Comisión decidirá una posible propuesta para modificar la Directiva e introducir, cuando sea posible y necesario, una mayor flexibilidad para los agricultores. Los datos pueden cargarse hasta el 22 de septiembre por correo electrónico([email protected]). Tanto los responsables políticos como los agricultores han acogido con satisfacción la decisión. Por ejemplo, el ponente del futuro de la alimentación y la agricultura del Parlamento Europeo ha destacado que «tenemos que adoptar un enfoque global de la protección de la biodiversidad, no sólo garantizando la protección de otras especies, sino también teniendo en cuenta factores medioambientales, agrícolas y socioeconómicos».
Sin embargo, el anuncio también ha reavivado el intenso debate entre ecologistas y agricultores. Los grupos ecologistas sostienen que un estatuto de protección menor contribuirá poco a resolver el problema, y que la respuesta hay que buscarla en las medidas de prevención de daños causados por el ganado. Además, a principios de año, 12 ministros de Medio Ambiente de la UE firmaron una carta dirigida a Virginijus Sinkevičius, Comisario Europeo de Medio Ambiente, en la que le instaban a no «debilitar la protección jurídica del lobo».
Con más de 19.000 lobos presentes en 27 países miembros de la UE, y el peligro demostrado que suponen tanto para el ganado como para los seres humanos, la necesidad de rebajar la protección del lobo es crucial. El paso dado por la Comisión debería ser sólo el primero de muchos, en los que los intereses de las comunidades agrarias se conviertan en una prioridad. La conservación de la fauna salvaje no debe hacerse a costa de los medios de subsistencia de las comunidades que constituyen el núcleo de la UE.