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Los rumanos siguen esperando la aplicación del salario mínimo europeo. Y ello en un momento en que, recientemente, tras la entrada en vigor de la Directiva que regula el salario mínimo europeo, muchos países de la Unión Europea han dado pasos importantes. La regulación del salario mínimo europeo tiene por objeto proporcionar a los trabajadores de los países de la UE unos ingresos adecuados que les garanticen una vida digna.
El Gobierno de Bucarest ha tenido dos años para preparar la aplicación del salario mínimo europeo, pero hasta ahora el legislativo rumano no ha aprobado ninguna ley para cumplir los requisitos de la UE. El Ministerio de Trabajo aún no ha finalizado la transposición de la última directiva en este ámbito, que prevé la regulación de un salario mínimo adecuado, el «salario mínimo justo».
Los rumanos esperan sentir en sus bolsillos la subida del salario medio en el segundo semestre del año, tal y como prometió el Gobierno. Por el momento, sin embargo, no está muy claro -por los mensajes contradictorios enviados por sus representantes en los últimos meses- si habrá un aumento y, en caso afirmativo, en qué consistirá. Incluso tras los sucesivos aumentos de los últimos años, los rumanos ocupan los últimos puestos de la clasificación europea en lo que respecta a los ingresos de los trabajadores.
Rumanía, con un salario mínimo de unos 600 euros, entre los últimos países de la UE
Según un estudio citado por el Defensor del Pueblo en 2022, el Gobierno tendría que añadir en ese momento otras 1.184 lei (algo más de 200 euros) al salario mínimo para que un adulto pudiera sobrevivir decentemente. En la actualidad, Rumanía, con un salario mínimo de unos 600 euros, se sitúa entre los últimos países de la Unión Europea, en el puesto 20 de 22. Por detrás de Rumanía se sitúan Hungría y Bulgaria, la última de la clasificación, que tiene un salario mínimo inferior a 400 euros. Y ello a pesar de que Luxemburgo encabeza la clasificación, con más de 2.800 euros, mientras que en la mayoría de los países occidentales la cifra supera ampliamente los 1.000 euros.
La introducción del salario mínimo europeo pretende reducir estas discrepancias, ya que la necesidad de garantizar unos ingresos adecuados a todos los trabajadores de la Unión Europea está en la base de la última legislación. El objetivo es garantizar una vida digna y proteger a los grupos vulnerables. Lejos de pretender igualar las rentas sobre la base de un salario mínimo único, la Unión Europea ha buscado, a través de la legislación adoptada en este ámbito, que la renta mínima pueda ser determinada de forma transparente y previsible por cada Estado miembro, en función de los ingresos. Para facilitar la tarea a los Estados miembros, la UE también propone dos posibles fórmulas de cálculo.
Tres opciones de cálculo para la aplicación del salario mínimo garantizado en Rumanía
Según especialistas citados por la cadena de televisión RTV, que han hecho cálculos basados en las dos opciones propuestas a los Estados miembros por la Comisión Europea, el salario mínimo en Rumanía podría aumentar en 800 o incluso 1.300 lei a partir del año que viene. Así, en una primera variante, en la que los ingresos mínimos se determinarían en función de la cesta de consumo diaria para una vida digna, los ingresos netos mínimos garantizados en Rumanía deberían ser al menos 800 lei superiores, según los cálculos realizados por los especialistas. Si se adoptara la segunda opción sugerida por la UE, que se calcularía sobre el equivalente al 50% de los ingresos brutos medios de la economía, estimados en 7.600 lei en 2024, la renta mínima garantizada en Rumanía tendría que aumentar en unos 1.300 lei. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo de Bucarest también está estudiando una tercera fórmula propuesta por el Instituto Nacional de Estadística. Exige que el salario mínimo bruto se ajuste en función de la inflación. Si se utilizara esta fórmula, con la actual tasa de inflación del 7% en Rumanía, el salario mínimo aumentaría unos 200 lei (50 euros) este año. El resultado de este último cálculo dista mucho de los dos primeros y, evidentemente, no resuelve el problema de cuánto dinero se necesita para cubrir la cesta diaria de los rumanos.
El Ministerio de Trabajo ha declarado recientemente que está trabajando en la fórmula de cálculo y promete ultimar un proyecto de ley para finales de año.
«Viene con tres fórmulas y en consulta con los interlocutores sociales vamos a elegir una de las fórmulas para introducirla en una ley de modo que la directiva pueda transponerse a finales de este año (…) Lo más probable es que nos decantemos por la variante del 50% del salario medio, pero las tres variantes en las que estamos trabajando en este momento son mucho más complejas y tienen en cuenta otros indicadores», dijo Cristian Vasilcoiu, secretario de Estado del Ministerio de Trabajo, citado por Euronews.
El pasado mes de octubre, el Primer Ministro socialdemócrata Marcel Ciolacu se pronunció a favor de la introducción de un salario mínimo diferenciado y aseguró que había discutido esta hipótesis con sindicatos y empresarios.
«El diálogo que mantuve con empresarios y sindicatos no era sobre un aumento, todo el mundo cree que el salario mínimo debe incrementarse. La discusión era si, de todas formas, se podía plantear un salario mínimo diferenciado. Y, repito, creo que este es el enfoque correcto, y estos diálogos con los interlocutores sociales seguirán», declaró el Primer Ministro Marcel Ciolacu.
En aquella época se prefería diferenciar el salario mínimo en la construcción y en las industrias agroalimentarias. Sin embargo, cuando en diciembre se aprobaron los presupuestos del Estado para 2024, el Primer Ministro anunció que el Gobierno planeaba abandonar la diferenciación del salario mínimo para los empleados de la agricultura y la industria alimentaria y elevarlo a 3.700 lei. Sin embargo, se ha dejado un nivel diferente, de 4.582 lei, para los asalariados del sector de la construcción. El aumento se aplicaría después de las elecciones al Parlamento Europeo del 1 de julio, «para garantizar seis meses de previsibilidad para el entorno empresarial», dijo el Primer Ministro. » Hasta entonces, mantenemos la facilidad de 200 lei libres de impuestos del salario mínimo bruto», añadió. Por otro lado, los empresarios sugirieron un aumento a solo 3500 lei en julio de 2024, y la cantidad de 3700 lei no se alcanzaría hasta enero de 2025. Aún no se ha tomado una decisión definitiva. Incluso dentro de la coalición gobernante, la cuestión no se ha resuelto entre el PSD y sus socios del PNL.
Seis Estados miembros de la UE no han regulado el salario mínimo
De los 27 Estados miembros, sólo seis no han regulado el salario mínimo. El texto legislativo, acordado en julio de 2022 por el Consejo y el Parlamento Europeo, establece normas vinculantes para los 21 países de la UE donde ya existen salarios mínimos. En estos casos, hará más transparente cómo se fijan los salarios mínimos y facilitará su aumento. Los seis países de la UE donde el salario mínimo no está regulado, ya que los niveles de ingresos se determinan mediante negociación colectiva -Austria, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Italia y Suecia- no están obligados a introducir esta disposición legal.
El debate sobre el salario mínimo ha dividido a los Estados miembros. Occidente apoya, Oriente se opone
El debate sobre el salario mínimo europeo ha dividido desde el principio a los Estados miembros en dos bandos. Por un lado, los países occidentales -Francia, Alemania e Italia- han apoyado desde el principio la adopción de este tipo de salario, que pretende garantizar la igualdad de todos los trabajadores de la UE. Por otra parte, los países del Este, sobre todo los que aún no se han incorporado a la eurozona -Polonia, Bulgaria y Rumanía-, se han opuesto a esta propuesta por el gran desequilibrio que crearía en las políticas sociales y económicas.
La Directiva 2041/2022 sobre un salario mínimo adecuado en la UE fue adoptada en 2022 por el Parlamento Europeo y los Estados miembros han tenido dos años desde su entrada en vigor (octubre de 2022) para incorporar sus disposiciones a la legislación local. La fijación del salario mínimo sigue siendo prerrogativa de los Estados nacionales, pero éstos deben garantizar que los ingresos de los empleados -que dependen del salario mínimo- permitan a los trabajadores ganarse la vida dignamente, teniendo en cuenta el nivel de precios.
Más de 1,5 millones de rumanos cobran el salario mínimo, según datos oficiales. Y la cifra se ha mantenido constante en las dos últimas décadas. Estos ingresos ni siquiera cubren el 70% de las necesidades reales de consumo de una familia con dos hijos en la que ambos cónyuges ganan el salario mínimo, según estudios realizados en los últimos años.