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La comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo presentó algunas propuestas presupuestarias en materia de política social para el presupuesto de la UE de 2024, que incluyen tanto cifras financieras a la posición del Consejo como proyectos piloto.
Dichas propuestas, en forma de enmiendas, incluían las procedentes de cuatro grupos políticos: el Partido Popular Europeo (PPE), los Socialistas y Demócratas (S&D), Renew y la Izquierda. Los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), fieles a su principio de reducir las subvenciones públicas y la deuda, no propusieron ningún aumento del dinero de los contribuyentes para las llamadas cuestiones sociales.
La propuesta del PPE era relativamente modesta: 3,3 millones de euros para la promoción del diálogo social europeo. El término «diálogo social europeo» incluye tanto la acción colectiva de los interlocutores sociales nacionales como la de los interlocutores sociales interprofesionales de la UE.
Esta diferencia tiene su importancia, ya que el ECR defiende que el diálogo social tenga lugar a nivel nacional. El PPE, en línea con los grupos de izquierda, está dispuesto a conceder más medios para la promoción del diálogo social a escala de la UE. El ECR estaría dispuesto a garantizar el papel de los interlocutores sociales a nivel nacional, pero oponiéndose a cualquier aumento presupuestario para facilitar la transferencia de la acción colectiva de los Estados miembros a Bruselas.
La ampliación del presupuesto social procedente del Grupo S&D ascendió a 5,4 millones de euros, además de un aumento significativo del personal permanente en la Autoridad Laboral Europea (ELA).
De esos 5,4 millones de euros, 3,3 se dedican a tres proyectos piloto: 1,5 millones para fomentar la inteligencia emocional de los jóvenes europeos (algo peculiar, por cierto), 1 millón para proteger la mano de obra inmigrante móvil en la UE a través de la acción sindical, y 0,8 millones para estudiar modelos locales y regionales de lucha contra el desempleo de larga duración.
Además de los proyectos piloto, el S&D propuso un aumento de 1,1 millones de euros en el presupuesto de la Autoridad Laboral Europea (ELA), más otro aumento de 1 millón de euros a favor de las organizaciones de trabajadores.
Y lo que es más importante, los socialistas desean aumentar la plantilla del ELA con nuevos 15 trabajadores fijos. Esto es coherente con su voluntad de otorgar nuevas competencias a esa agencia de la UE. Hasta ahora, la ELA sólo ha sido competente para consultar sobre la movilidad de los trabajadores de la UE. Los grupos de izquierda, junto con el PPE, quieren ampliar las competencias de ELA para dotar a este tentáculo de la Comisión de poderes de inspección y sanción.
El grupo Renew solía tener una estrategia de gobierno pequeño, pero eso fue sólo en el pasado. Hoy apoya el Estado del bienestar y el gran gasto. De hecho, es el segundo grupo, después de la izquierda, que ha propuesto mayores incrementos al presupuesto social de la UE para 2024.
Su compromiso emblemático número uno es un aumento masivo de 5.000 millones de euros en la Garantía Infantil Europea, un programa que subvenciona a los niños vulnerables y sus familias a través de fondos asignados a ONG. El ECR no apoya dicho aumento, ya que ni siquiera sabemos con qué eficacia se ha gestionado la financiación original de la antigua Garantía Infantil Europea.
Además, el grupo parlamentario de centro propone dedicar 26,5 millones a crear las Net Zero Industry Academies, es decir, nuevos centros educativos para promover las tecnologías verdes y digitales impulsadas por la actual Comisión Europea. El ECR también se ha mostrado crítico con dicha iniciativa, ya que la educación es competencia de los Estados miembros y debería ser aplicada libremente por las universidades nacionales y no por esas «Academias de la UE».
Junto a las dos grandes partidas mencionadas, Renew propuso un proyecto piloto de 3,8 millones de euros para analizar la creación de una red europea de observatorios nacionales de pobreza energética, y otro proyecto piloto más modesto de 1 millón de euros para la integración laboral de drogodependientes.
Por último, la izquierda propuso un enorme aumento de 8.400 millones en el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para subvenciones públicas, precisamente la política social equivocada en opinión del ECR, que incentivaría las oportunidades de mercado y la prosperidad económica como la mejor estrategia posible.
Fuente de la imagen: Shutterstock