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El pasado 1 de abril, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció una polémica medida: el Gobierno llevará ante el Tribunal Constitucional las leyes autonómicas de Memoria Democrática de Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Esta decisión ha suscitado un intenso debate y vuelve a poner en tela de juicio la gestión de las prioridades gubernamentales.
El enfoque del Gobierno sobre la memoria histórica ha alcanzado niveles preocupantes. Aunque recordar y honrar a las víctimas del pasado es importante, no puede convertirse en una obsesión que desvíe la atención de cuestiones más acuciantes a las que se enfrenta hoy la sociedad española. Una de las cuestiones que merecen atención prioritaria es la renovación del poder judicial, asunto estancado desde hace cinco largos años.
La independencia judicial es un pilar fundamental de cualquier democracia moderna, y su deterioro o estancamiento puede tener consecuencias devastadoras. La falta de una renovación adecuada del poder judicial no sólo afecta a la eficacia del sistema jurídico, sino que también socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas. Mientras el Gobierno se enzarza en disputas sobre la memoria histórica, la justicia languidece en un estado de inacción que pone en peligro la integridad del sistema judicial español.
Es esencial cuestionar las prioridades del Gobierno y su enfoque sesgado de la memoria histórica en detrimento de cuestiones cruciales como la renovación del poder judicial. ¿Por qué destinar recursos y esfuerzos considerables a impugnar leyes autonómicas de memoria democrática cuando hay asuntos más urgentes que requieren atención inmediata?
Además, pocos días después del anuncio de la ministra, el presidente Pedro Sánchez, durante su visita al ‘Valle de los caídos’, anunció que recurrirá a instancias internacionales, buscando el reconocimiento de la gravedad de estas acciones a nivel mundial. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que se iniciarán contactos con los relatores de la ONU y se solicitarán informes y debates en el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa.
Esta estrategia refleja la preocupación del Gobierno por la «vulneración de los valores democráticos y los derechos humanos» que, a su juicio, representan las actuaciones de los gobiernos regionales de los partidos PP y Vox. La intención de solicitar debates y evaluaciones a nivel internacional pretende no sólo poner de manifiesto la gravedad de estas actuaciones, sino también presionar para que se reconozca el compromiso de España con los derechos humanos y la justicia histórica.
A nivel nacional, el Gobierno ha reafirmado su compromiso con la Ley de Memoria Democrática y su papel en el reconocimiento y protección de los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. La visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al laboratorio del ‘Valle de los caídos’, donde se llevan a cabo los trabajos de identificación de restos, refuerza este compromiso y subraya la importancia de cerrar las heridas del pasado con justicia y dignidad.
En medio de esta escalada en la disputa por la memoria histórica, es esencial no perder de vista la importancia de abordar los retos del presente y del futuro. Aunque reconocer la historia es fundamental, no puede convertirse en un obstáculo para construir una sociedad más justa y próspera en el presente. Es hora de que todas las partes implicadas en esta disputa prioricen el diálogo y el compromiso con el bienestar y la reconciliación de todos los ciudadanos españoles.
Es crucial encontrar un equilibrio entre el reconocimiento de la historia y los retos del presente y el futuro. Aunque la memoria histórica es importante, no puede convertirse en un obstáculo para abordar las necesidades inmediatas de la sociedad española. Es hora de que todas las partes implicadas en esta disputa prioricen el diálogo y el compromiso con el bienestar y la reconciliación de todos los ciudadanos españoles. En un momento en que la sociedad española se enfrenta a importantes retos, desde la crisis económica a la polarización política, resulta irónico que el Gobierno dedique tanto tiempo y recursos a las disputas sobre el pasado. Es necesario encontrar un camino que permita avanzar hacia un futuro más próspero y justo para todos los españoles.