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El19 de diciembre, el Gobierno español hizo un anuncio crucial para el sector europeo de las telecomunicaciones.
El Consejo de Ministros español ordenó a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que comprara hasta el 10% de las acciones de Telefónica, multinacional española líder en el sector de las telecomunicaciones. El valor de mercado actual de esa participación asciende a 2.000 millones de euros.
La SEPI es competencia del Ministerio de Hacienda y constituye una herramienta estratégica para este tipo de iniciativas.
Con la actuación de la SEPI, el Gobierno español se convertirá en el mayor accionista de Telefónica.
La propuesta de convertirse en el mayor accionista de Telefónica fue presentada por la ministra española de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, quien compartió la siguiente declaración: «Telefónica es una de las empresas más importantes del país, líder en el sector de las telecomunicaciones y clave en otros ámbitos estratégicos. La compañía es decisiva por sus capacidades industriales y áreas de conocimiento, ya que desarrolla actividades relevantes para la economía y el tejido productivo, incluidas las relacionadas con la seguridad y la Defensa.»
Montero -también vicepresidenta del Gobierno- destacó que la compañía presta servicios de información y telecomunicaciones, así como infraestructuras para la Defensa dentro del territorio nacional y durante operaciones militares en el exterior.
De hecho, Telefónica es uno de los mayores contratistas de Defensa de España. Telefónica supervisa la implantación de la I3D, una red de telecomunicaciones que enlaza el Ministerio de Defensa con la flota, las unidades y las bases militares.
Este mismo año, Telefónica ha conseguido contratos con el aparato de Defensa español por más de 74 millones de euros para varios servicios de comunicación por satélite.
La Armada española también contrató a Telefónica para construir una red privada de infraestructura 5G para conectar sus buques.
Con España a punto de cumplir su objetivo de invertir el 2% de su PIB en Defensa para 2030, Telefónica se está posicionando como un contratista indispensable.
La ministra Montero explicó que la intención del Gobierno con este movimiento es dotar a la empresa de telecomunicaciones de una mayor estabilidad accionarial por su compromiso a largo plazo, proporcionando a Telefónica mayores ventanas de oportunidad para alcanzar sus objetivos, al tiempo que se protege la competencia estratégica de la compañía.
El Gobierno del socialista Pedro Sánchez ha dado este paso menos de seis meses después de que la Saud Telecom Company (STC) comprara el 9,9% de las acciones de Telefónica, una controvertida adquisición que suscitó inquietud en el estamento de seguridad español.
La adquisición saudí ascendió a 2.100 millones de euros, el 4,9% en forma de acciones directas y el otro 5% adquirido a través de otros derivados financieros.
Como principal accionista de Telefónica, la SEPI se asegurará un puesto en el consejo de administración de la compañía, que el próximo año renovará cinco cargos de su máximo órgano de decisión.
Hay en juego importantes implicaciones para la seguridad nacional (y europea). Aunque el Gobierno de Sánchez no ha justificado su decisión únicamente con argumentos relacionados con la seguridad, Telefónica tiene entre sus operaciones algunas de las infraestructuras más críticas no sólo para el aparato de Defensa, sino para la ciudadanía.
Según cifras de la compañía, sólo en España, Telefónica tiene una penetración del 111%, con casi 51 millones de clientes. Sus servicios se extienden a otros 23 países.
Telefónica también presta servicios clave de ciberseguridad a otras instituciones públicas.
Según los observadores, la medida del Gobierno ha tranquilizado a muchos en el estamento de seguridad, pues ninguna potencia extranjera tiene el mayor interés por un proveedor tan crítico de la cuarta economía de la Unión Europea.
Con la inclusión de la SEPI en el accionariado de Telefónica, el capital español pasa a dominar una parte significativa de las acciones de la compañía. Juntos, la SEPI, Caixa Bank, el holding Criteria y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) suman cerca del 21% de las acciones de Telefónica.
Desde el punto de vista europeo, el movimiento de España apacigua los fuegos que el movimiento del STC de septiembre encendió. Sin embargo, aún quedan preguntas sin respuesta sobre cómo el Gobierno permitió la adquisición por STC del 9,9% de las acciones de Telefónica.