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En medio del ajetreo diario, una sombría advertencia ha sacudido las tranquilas mesas de los hogares españoles: una partida de fresas procedentes de Marruecos, infectadas con el virus de la hepatitis A, ha sido interceptada antes de llegar a las estanterías de nuestros supermercados. Esta noticia ha revelado una verdad incómoda sobre la fragilidad de nuestros sistemas de control alimentario.
Es innegable que el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) de la UE desempeña un papel esencial en la comunicación de posibles amenazas para la salud pública. Sin embargo, la recurrencia de este tipo de alertas pone de manifiesto una realidad preocupante: mientras las autoridades se esfuerzan por salvaguardar la calidad de los productos locales, los controles sobre los alimentos extracomunitarios parecen colarse por la rendija de la negligencia.
En este contexto, es inevitable cuestionarse la disparidad de medidas entre los productos nacionales y los importados. Mientras que a nuestros agricultores se les exigen rigurosas normas de calidad e higiene, las mercancías procedentes de terceros países entran con una inspección notablemente laxa. ¿Es justo que los esfuerzos de nuestra propia industria se vean ensombrecidos por la falta de escrutinio sobre las importaciones?
El reciente incidente con las fresas marroquíes no es sólo una llamada de atención sobre la necesidad de reforzar los controles fronterizos, sino también un reflejo de las tensiones palpables en el sector agrario español. Las protestas del campo, alimentadas por la competencia desleal de productos extranjeros más baratos, encuentran en esta alerta un argumento convincente.
Mientras los agricultores nacionales alzan su voz de protesta, exigiendo soluciones tangibles y concretas, el incidente sirve de catalizador para cuestionar la equidad en las normas de inspección entre productos locales y extranjeros.
La concentración masiva de agricultores, respaldada por la Unión de Sindicatos, para marchar sobre Madrid el 17 de marzo, es un testimonio conmovedor de la frustración acumulada en el sector. «No hay razón para guardar los tractores y volver a casa», declara Luis Cortés, coordinador estatal de la Unión de Uniones, haciendo hincapié en la persistencia de los problemas sin resolver. La manifestación, bajo el lema «Aún nos sobran razones», refleja la determinación de la comunidad agraria por hacerse oír, no sólo en defensa de sus intereses, sino en la garantía de alimentos seguros y asequibles para todos.
Desde el sector advierten de que estas protestas continuarán hasta que se atiendan de forma integral sus demandas. «Las protestas en el campo continuarán hasta que Planas se siente con los verdaderos representantes de los agricultores y ofrezca algo más que parches», subraya Cortés, dejando claro que la paciencia se agota y que son imprescindibles acciones concretas para remediar la situación.
Sin embargo, se han alzado voces, tanto desde la esfera política como desde la sociedad, que exigen la prohibición total de las importaciones de fresas marroquíes, ignorando que el problema no radica en la nacionalidad del producto, sino en la falta de supervisión efectiva en nuestras fronteras.
Es esencial reconocer que la responsabilidad no recae únicamente en los países exportadores, sino también en nuestras propias deficiencias. La reciente denuncia de la Asociación Valenciana de Agricultores sobre el riesgo de contaminación por riego con aguas fecales es un recordatorio urgente de que los problemas de seguridad alimentaria trascienden las fronteras. Es imperativo que nuestras autoridades tomen medidas drásticas para evitar futuros episodios de este tipo.
En última instancia, la salud y el bienestar de los ciudadanos no pueden sacrificarse por la conveniencia comercial. Es hora de que las autoridades competentes reconozcan la urgencia de reforzar los controles fronterizos y mejorar la supervisión en toda la cadena alimentaria. Sólo así podremos garantizar la seguridad y la confianza en los alimentos que llegan a nuestras mesas, independientemente de su origen.