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El llamado «Pacto Verde», ideado por la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es la hoja de ruta de la Unión Europea para la aplicación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus notorios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Esa hoja de ruta exige modificar la Política Agrícola Común (PAC), el sistema que regula el sector primario de la Unión desde hace seis décadas y que actualmente representa una cuarta parte del presupuesto total de la organización internacional. En concreto, hay dos estrategias en marcha para la remodelación de la PAC: De la granja a la mesa (F2F) y Biodiversidad para 2030 (BDS).
Varios autores ya han criticado los métodos ideológicos de ambos: la reducción del uso de pesticidas y fertilizantes disminuirá la producción; y el aumento de las tierras no productivas (mediante el eufemismo de «características paisajísticas de alta diversidad») equivale a un lento suicidio del sector primario. ¿Quién podría en su sano juicio incentivar a gobiernos y agricultores para que creen artificialmente zonas de retirada y barbecho en aras del cambio climático?
Además, la reducción de la renta agraria tendría que compensarse con los pagos de la PAC. El dinero de los contribuyentes se utiliza así para compensar el desastre causado por las políticas de Bruselas.
Para calmar un eventual repunte del descontento social, la promoción de dietas supuestamente más sanas y el aprecio por los alimentos producidos de forma sostenible se regarían generosamente, una vez más con impuestos más altos. Las tradiciones alimentarias deberían sacrificarse en el altar de los sacerdotes radicales del calentamiento global. Por ejemplo, los sistemas de cría de ganado deben sustituirse progresivamente por alimentos de origen vegetal.
Todo esto se proclama explícitamente negro sobre blanco en la documentación de la Unión Europea sobre F2F y BDS. Entre varios textos, el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, con sede en Sevilla (España), publicó un importante informe técnico que contiene proyecciones de mercado de la PAC revisada.
La reducción de los pesticidas, o productos fitosanitarios (PPP), obligará a los agricultores a aumentar sus esfuerzos en prácticas alternativas, como el deshierbe mecánico. Su coste aumentará un 25% por tener que mezclar el cultivo principal con otros en el mismo campo.
A pesar de estas prácticas alternativas, se supone que la probabilidad de ataques de plagas se traduce en una pérdida anual media de rendimiento del 10%. Las plagas liberadas gracias a la PAC revisada afectarían potencialmente a una media del 18,6% de la producción de la Unión.
En el sur de Europa, se considera que el paso de los cultivos convencionales a la agricultura ecológica provoca las siguientes pérdidas de rendimiento: 22,5% en frutas, 16,1% en cereales, 12% en trigo, 11,6% en cultivos permanentes no frutales, 11,5% en hortalizas, 11,4% en oleaginosas y 4,6% en maíz.
El suministro de aves de corral, porcino, vacuno, cereales y oleaginosas disminuirá un 15% con respecto a la base de 2020. En consecuencia, las importaciones de terceros países (menos preocupados por el cambio climático) crecerán un impresionante 39%; al mismo tiempo, el aumento de los precios de los productores de la UE supondrá una erosión de la competitividad y, por tanto, un descenso de las exportaciones, otro impresionante 38%.
El aumento del precio de la producción de carne de porcino es especialmente escandaloso, ya que asciende al 43% con respecto a 2020; el de la producción de carne de vacuno es del 24%, el de la de ovino y caprino del 19% y el de la de aves del 18%.
Ante este caótico panorama, el eurodiputado Jorge Buxadé ha preguntado formalmente a la Comisión Europea si una deslocalización de las industrias agrícolas y ganaderas puede considerarse positiva para nuestros conciudadanos. En otras palabras, ¿cómo piensa la Comisión contrarrestar esta pérdida de autonomía de nuestro sector primario?
Al fin y al cabo, concluye el político de VOX, todo debería consistir en proteger a nuestros agricultores y ganaderos como forma de proteger el bien común de nuestras naciones. Se espera la respuesta de los funcionarios de la Unión poco después de las vacaciones de verano.
Fuente de la imagen: Soria Noticias