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Pedro Sánchez y su Partido Socialista, en coalición con los comunistas españoles, llegaron al poder en junio de 2018 tras una moción de confianza parlamentaria; menos de un año después, convocó elecciones. Antes de la votación, prometió públicamente que modificaría el Código Penal español para tipificar explícitamente como delito la organización de un referéndum ilegal. También aseguró a los votantes que traería de vuelta a España al separatista catalán Carles Puigdemont para ser juzgado. El Sr. Puigdemont había huido a Bélgica para evitar su condena.
Durante la crisis de Covid en 2020, el Sr. Sánchez declaró el estado de alarma en España a mediados de marzo y mantuvo a la población retenida en casa durante más de dos meses, gobernando por decreto con un control mínimo por parte del Parlamento. Esta forma de actuar sería posteriormente declarada abusiva por el Tribunal Constitucional hasta en seis ocasiones.
En lugar de mantener sus promesas preelectorales, el Sr. Sánchez siguió una estrategia de aliarse con partidos independentistas catalanes para mantenerse en el poder, por no poseer más que un número insuficiente de votos. El 21 de julio de 2021 indultó a nueve de esos políticos independentistas, condenados por un delito de sedición tras organizar el referéndum ilegal de 2017 con dinero de los contribuyentes.
El 6 de septiembre de 2022, la coalición socialista-comunista aprobó la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, reduciendo las penas a favor de cientos de violadores y pederastas, e incluso liberando a decenas de ellos. Para poner en marcha esta catástrofe altamente ideológica, el Gobierno había ocultado previamente informes negativos sobre la ley a los diputados opositores al Sr. Sánchez.
El 22 de diciembre de 2022, los socialistas españoles hicieron exactamente lo contrario de lo que había prometido el Sr. Sánchez. De hecho, reformaron el Código Penal, pero sólo para derogar el delito de sedición y reducir las penas del delito de malversación de fondos públicos. Esta medida benefició a decenas de políticos investigados, tanto separatistas como socialistas.
En mayo de 2023, Sánchez decidió convocar nuevas elecciones. Sólo unos días antes, su Ministro del Interior había afirmado categóricamente, en relación con la cuestión catalana, que una «amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico». Esta opinión había sido anticipada por el propio Sánchez en dos ocasiones, muy recientemente en una entrevista de noviembre de 2022, pero también durante una rueda de prensa allá por septiembre de 2021, donde había asegurado que «ni un referéndum sobre la independencia de Cataluña ni una amnistía son posibles».
En enero de 2023, Sánchez colocó al frente del Tribunal Constitucional a un conocido socialista. Aunque se hizo de acuerdo con el Partido Popular español, el nombramiento aseguraría al Presidente del Gobierno una mayoría a favor de su Gobierno de izquierdas, para evitar posibles decisiones futuras como las emitidas durante la crisis de Covid.
El 9 de noviembre de 2023, Sánchez anunció su voluntad de aplicar una ley de amnistía en favor de los independentistas catalanes, con los que había alcanzado un acuerdo político. El acuerdo también incluía la creación de comisiones parlamentarias para supervisar las decisiones en nombre del Poder Judicial.
En la misma fecha, el Consejo General del Poder Judicial advirtió de que la actuación de Sánchez ponía en peligro «los derechos y libertades de los ciudadanos españoles», mientras que todas las asociaciones judiciales españolas afirmaron que la iniciativa de los socialistas supondría «en la práctica someter a control parlamentario los procedimientos y resoluciones judiciales, lo que a su vez supondría una evidente injerencia en la independencia judicial y una quiebra de la separación de poderes». Asimismo, la asociación profesional de Inspectores de la Administración Tributaria del Estado emitió una declaración con un «rechazo total y absoluto a los acuerdos resultantes de la negociación para la investidura del actual presidente del Gobierno de España».
Con este sombrío telón de fondo, parece bastante extraño que la Comisión Europea no mueva un dedo para analizar el respeto del Estado de Derecho en España, sobre todo si se compara esa total falta de reacción con el continuo acoso a los gobiernos conservadores de Polonia y Hungría durante la actual legislatura. ¿Quién podría reconocer en ese comportamiento el respeto del principio comunitario de igualdad y no discriminación?
Fuente de la imagen: Shutterstock