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En las Sagradas Escrituras aprendemos que la torre de Babel desencadenó el multilingüismo como sanción divina y como medio de dispersión y división (Génesis 11:1-9). Algunos siglos después, el latín se convirtió en lengua franca en Europa occidental, mientras que el griego siguió siéndolo en la parte oriental de nuestro viejo continente.
La caída de ambos Imperios Romanos marcó la proliferación oficial de las lenguas vernáculas; e incluso la Iglesia Católica Romana abandonó su lengua sagrada para la celebración de la Misa tras su Concilio Vaticano II en la década de 1960, debido a una reforma radical que impuso el Papa Pablo VI y que es polémica hasta ahora.
En consonancia con esa tendencia babeliana, la Unión Europea proclama el principio del multilingüismo en el apartado 4 del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales, según el cual los nacionales tienen derecho a utilizar cualquiera de las lenguas oficiales para comunicarse con las instituciones de la UE, y éstas deben responder en la misma lengua. Sin embargo, el inglés, el francés y el alemán son consideradas lenguas de trabajo por su poderosa institución centralista, la Comisión Europea, y se les da por ello un estatus de prioridad; y el inglés se ha convertido de facto en la nueva lingua franca en el Parlamento Europeo, celebrándose la mayoría de las reuniones y todas las reuniones técnicas entre asesores en dicha lengua germánica.
Hace un año, el Departamento de Política de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo publicó un estudio solicitado por su Comisión de Peticiones (PETI) titulado Diversidad lingüística y cultural – Las lenguas minoritarias y minorizadas como parte de la diversidad lingüística y cultural europea.
La tesis del informe es que el uso de las llamadas «lenguas minoritarias y minorizadas» ha disminuido en las últimas tres décadas, marcando una erosión de la diversidad cultural e incluso de la presencia de minorías en la Unión.
Se presentan dos estudios de casos: Tirol del Sur y la zona de Ladino, que se entrecruzan. La política aplicada en Tirol del Sur a partir de 1972 se presenta como un gran éxito. La combinación del alemán y el ladino con el italiano en las escuelas y la administración pública muestra supuestamente una correlación tanto con un crecimiento de la población general como con un crecimiento de grupos particulares de personas consideradas alemanes, ladinos y otros. Sin embargo, el estudio no posee datos específicos sobre los italianos que hablan esas dos lenguas minoritarias (alemán y ladino) o cualquier otra lengua.
La Unión Europea tiene 25 lenguas oficiales estatales y más de otras 28 lenguas minoritarias (sin Estado). Las minorías representan el 7% de la población de la UE. Además de estas lenguas, tanto las oficiales del Estado como las minoritarias, está la «espinosa» cuestión de los dialectos, expresamente excluidos de la protección por el artículo 1 de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias (ratificada por 16 Estados miembros) y por diversas normativas nacionales. En España, es el caso del astur-leonés y del navarro-aragonés. Según el estudio, en España hablan catalán 9,8 millones de personas, mientras que los vascoparlantes españoles ascienden a 677.000. El estudio se olvida de destacar los datos de hablantes de gallego, lo cual es bastante sorprendente, siendo la tercera lengua apátrida de España; sí explica en un anexo que hay dos millones de gallegos, de los cuales cabe suponer que la mayoría habla gallego con cierto grado de competencia.
A pesar de los datos del estudio sobre el número de catalanoparlantes y vascoparlantes, el texto continúa diciendo que obtener información lo más precisa posible sobre el número de hablantes de lenguas minoritarias y sus competencias lingüísticas minoritarias es una conclusión que debería perseguirse.
Otra conclusión es que las agencias de la UE contribuyan a financiar cursos especiales para que los adultos aprendan lenguas minoritarias. Sin embargo, hasta ahora no ha sido una prioridad de las agencias de la UE, sino una competencia dejada a las autoridades públicas nacionales, en cooperación con socios privados.
Fuente de la imagen: Paul Marina Travel