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Para la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, los referendos en las repúblicas separatistas del Donbass y el anuncio de la anexión de Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia y Kherson a la Federación Rusa representan una escalada en la guerra de agresión de Putin contra Ucrania que no puede ser ignorada.
Por ello, la UE elaboró rápidamente un nuevo paquete de sanciones, el séptimo. La presidenta von der Leyen no tardó en dejar claro que la UE no aceptará «estos falsos referendos ni ningún tipo de anexión en Ucrania». Estamos decididos a castigar al Kremlin por esta escalada».
Las nuevas sanciones son la base de un acuerdo, entre los países del G7, para limitar las fuentes de financiación del gobierno de Moscú, a través del price cap, es decir, la imposición de un límite máximo al precio, de los suministros de gas ruso (que todavía se utiliza para el 9% de las necesidades totales). El petróleo ruso, por su parte, dejará de ser utilizable en Europa a partir de 2023.
La UE tampoco permitirá que las compañías de seguros europeas aseguren los barcos de las empresas que pretendan vender gas ruso a un precio superior al decidido por Bruselas. Así, de hecho, el límite de precios también se aplicará con respecto a las exportaciones a terceros estados.
El paquete de sanciones debe ser aprobado ahora por los 27 Estados miembros. Se requiere una mayoría cualificada, es decir, la aprobación por parte de un número de países que juntos representen al menos el 65% de la población total. Es casi seguro que Hungría no votará a favor. Pero la posición más esperada, y la más decisiva, sigue siendo la de Alemania.
De hecho, Alemania ya ha mostrado su escepticismo sobre el límite de precios en varias ocasiones y también ha tomado ya una serie de contramedidas a nivel nacional, desafiando la tan cacareada solidaridad europea, por ejemplo aportando 200.000 millones de euros de ingresos para bajar los precios de las facturas de los servicios públicos alemanes.
En el paquete de sanciones contra Rusia, la Comisión Europea también ha previsto restricciones al comercio, especialmente en los sectores necesarios para la industria armamentística.
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