Al final de su larguísimo discurso sobre el Estado de la Unión de 2021, la Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció una propuesta de reglamento por el que se establece un marco común para los servicios de medios de comunicación en el mercado interior.
Afirmó que «los periodistas están en el punto de mira simplemente por hacer su trabajo»; para fundamentar tal afirmación, puso tres ejemplos: Daphné Caruana Galizia, asesinada tras denunciar la corrupción del gobierno socialista maltés en 2017; Ján Kuciak, también asesinado tras dar a conocer a la opinión pública la corrupción del gobierno socialista en Eslovaquia en 2018; y Peter de Vries, asesinado en 2021 para que no diera detalles sobre la mafia marroquí en Holanda.
La información como bien público, la creación de transparencia, la preservación de la independencia y nuestro derecho a estar informados por personas como ellos necesitan, según la Sra. Von der Leyen, detener a quienes amenazan la libertad de los medios de comunicación. Las empresas de medios de comunicación no pueden ser tratadas como un negocio más, porque «defender la libertad de los medios de comunicación es defender la democracia».
La propuesta pretende supuestamente eliminar los obstáculos al funcionamiento del mercado interior de los medios de comunicación y fomentar el pluralismo y la independencia en dicho mercado.
Sin embargo, el 3 de febrero de 2023 el Sejm de la República de Polonia emitió un dictamen en el que afirmaba que el reglamento propuesto va más allá de las competencias otorgadas a la UE y viola el principio de subsidiariedad.
Según el legislador polaco, su ordenamiento jurídico nacional ya cuenta con disposiciones específicas en materia de (i) nombrar al director y a los miembros del consejo de administración de los prestadores del servicio público de comunicación, (ii) establecer normas sustantivas y de procedimiento que garanticen la evaluación de las concentraciones en el mercado de los medios de comunicación, (iii) la concesión de fondos públicos a los prestadores de servicios de medios de comunicación con arreglo a criterios y procedimientos transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios, y (iv) información por parte de las autoridades públicas sobre sus gastos de publicidad asignados a los prestadores de servicios de medios de comunicación.
La exposición de motivos de la propuesta de la Comisión no demuestra cómo esas disposiciones nacionales, o las de otros Estados miembros, son insuficientes para alcanzar sus objetivos. Tampoco se han identificado suficientemente los beneficios que se obtendrán con la adopción del reglamento propuesto.
La Cámara Baja polaca argumenta además que la base jurídica indicada para la propuesta (artículo 114 del TFUE) no puede considerarse adecuada, ya que el reglamento propuesto regula cuestiones culturales como el contenido de los medios de comunicación, incluidas las noticias, en las que la Unión sólo es competente para llevar a cabo actividades destinadas a apoyar, coordinar o complementar las acciones de los Estados miembros. En consecuencia, una directiva podría haber sido adecuada, pero no un reglamento.
Por otro lado, el ejecutivo polaco ha indicado un posible apoyo parcial a la propuesta de reglamento, aunque ha expresado advertencias similares en relación con la subsidiariedad y la base jurídica, esta última a aclarar por el servicio jurídico del Consejo.
El Parlamento de Polonia no ha sido el único en oponerse a la propuesta de Von der Leyen. Las de Dinamarca, Francia, Alemania y Hungría han expresado reservas similares.
La propuesta de Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación está actualmente pendiente de una decisión de comisión en la Comisión de Cultura y Educación (CULT) del Parlamento Europeo.
Fuente de la imagen: Gov.pl