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El 13 de diciembre, el Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, intervino ante el Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo con motivo de la clausura de la Presidencia española del Consejo Europeo, que comenzó en julio y finaliza este mes de diciembre.
Durante la sesión plenaria, el jefe de la delegación de VOX (ECR) en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, acusó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de haber «repartido fondos europeos entre organismos públicos para tejer su propia red de favores personales».
Esta acusación se produjo pocos días después de que el Gobierno de Pedro Sánchez enviara finalmente a la Comisión Europea la lista de los 100 mayores beneficiarios de fondos europeos, con varias semanas de retraso y tras varias advertencias de la Comisión. Una lista que muestra que casi el 60% de los principales receptores de fondos Next Generation pertenecen al sector público y que Adif -la entidad pública ferroviaria dependiente del Ministerio de Transportes- es la entidad que más financiación ha recibido, con casi la mitad de los fondos concedidos a las 100 primeras, superando los 2.500 millones. Le sigue el propio Ministerio de Transportes, con 307 millones, y el tercero es el instituto estatal de ciberseguridad Incibe, con 171 millones. La verdad es que hay que ir hasta el octavo puesto de la tabla para encontrar la primera empresa privada. Repasando la lista, podemos ver que sólo el 39% de estos 100 grandes beneficiarios del llamado Plan de Recuperación y Transformación de España son empresas privadas. De los 100, ya se han concedido 5.100 millones, el 14% de los fondos recibidos hasta ahora por España.
El reparto forma parte de la estrategia del Gobierno de Sánchez para engordar y dominar el sector público español, con el objetivo de fidelizar a los empleados públicos y tener el control de todos los organismos del Estado. En este sentido, ya hemos visto en los últimos años cómo se ha multiplicado el número de empleados públicos -ha crecido en más de 400.000 trabajadores desde 2018 y supera ya los 3.5 millones- y cómo el presidente Sánchez ha colocado a amigos y familiares en puestos directivos de empresas públicas como Correos -la empresa pública de Correos-, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) -organismo público encargado de realizar encuestas políticas y sociales-, o la Fiscalía General del Estado, entre otras muchas.
Esta polémica sobre la falta de control del uso de los fondos europeos en España se ha producido al mismo tiempo que la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo publicaba su informe anual antifraude correspondiente a 2022. Documento en el que se recogen y evalúan «los esfuerzos de la UE en la lucha contra el fraude y las medidas necesarias para proteger y controlar mejor los fondos comunitarios». En este documento, el organismo supervisor europeo no ha dudado en destacar el gran riesgo «para los intereses financieros de la UE debido al nepotismo en la obtención de fondos comunitarios».
El texto aprobado señala dos partidas financieras dudosas: «los fondos de la UE para ayuda a países no pertenecientes a la UE y el dinero asignado para hacer frente a la respuesta de Europa a la agresión de Rusia contra Ucrania». Ambos «no están adecuadamente supervisados y controlados». El texto pide finalmente a la Comisión Europea que «lleve a cabo controles más exhaustivos para garantizar que los fondos de la UE acaban yendo a los más necesitados».
Cabe señalar también que una delegación de la Comisión de Presupuestos realizó una visita de tres días a España en febrero de este año para examinar la transparencia y eficacia de la gestión gubernamental de los fondos de la UE de Próxima Generación en España. En una rueda de prensa posterior a la visita, la jefa de la delegación, la eurodiputada alemana Monika Hohlmeier, afirmó que la transparencia con la que España ejecuta los fondos «podría mejorarse». Además de mejorar la transparencia, Hohlmeier afirmó que España necesita ya reducir la burocracia y prestar más atención a la cogobernanza con las comunidades autónomas.